El BCV recibió este viernes segundo cargamento de oro con 640,69 kg

Este viernes, llegó a Caracas el segundo cargamento de oro más grande en lo que va de 2017, producido por el poder popular minero, asentado en el estado Bolívar, informó el ministro para Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano.

Se trata de 72 barras de oro, equivalentes a 640,69 kilogramos de mineral aurífero que arribaron al aeropuerto La Carlota de la ciudad capital, reseñó una nota de prensa.

“El despacho de hoy se traduce en 22 millones de euros. Con las entregas acumuladas en lo que va de 2017 suman unos 170 millones de euros. Este total acumulado equivaldría, aproximadamente, a 5 mil 500 casas de la Misión Vivienda Venezuela”, dijo Cano.

El ministro Cano fue el encargado de recibir el cargamento para luego embarcarlo en un camión resguardado con destino a las arcas del Banco Central de Venezuela (BCV).

La primera entrega más grande de oro ocurrió el 28 de julio de este año. Esa vez fueron 769 kg, una cifra que se junta en un total acumulado de 4648,38 kg.

“Desde el año 2009, no se alcanzaba una entrega de más de 4 toneladas de oro. Este año, hemos acelerado las entregas y en menos de 15 días estamos distribuyendo 640 kilogramos. La última entrega fue el pasado 28 de septiembre. Son entregas que se traducen en un incremento de las reservas de oro de la nación y en el fortalecimiento de la economía nacional”, subrayó.

Incluyendo la primera entrega en abril pasado, el oro ha sido producido y enviado al BCV por la pequeña minería del Arco Minero del Orinoco (AMO), donde comunidades ancestrales, junto con el Ejecutivo nacional, impulsan un proceso de reorganización para avanzar a un modelo minero respetuoso del ambiente y de la gente.

Para los próximos meses, se espera el aumento de entregas de oro al BCV con el reordenamiento territorial que prepara el Ejecutivo nacional en el AMO, donde el poder popular minero recibirá, bajo la figura de propiedad social y con un estricto control ambiental, áreas con vastos yacimientos minerales que, en el pasado, eran explotadas por mafias internacionales con el aval de los Gobiernos puntofijistas de la IV República.